El Plan México introduce un ajuste en la política económica al priorizar la simplificación administrativa como mecanismo para acelerar la inversión. Los proyectos podrán obtener autorizaciones en plazos máximos de 90 días mediante esquemas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, además de contemplar aprobaciones inmediatas para inversiones estratégicas bajo ciertos criterios.
La estrategia responde a un contexto de bajo dinamismo económico y a la necesidad de fortalecer la confianza del sector productivo. La reducción de trámites, junto con la creación de una oficina especializada en inversión, busca disminuir barreras regulatorias y facilitar la instalación de proyectos en sectores como automotriz, energía y manufactura avanzada.
El enfoque abre una interrogante sobre su alcance estructural. Si bien, la simplificación administrativa puede agilizar los tiempos de ejecución, la certidumbre depende también de factores como la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y las condiciones macroeconómicas. El desafío no se reduce a acelerar procesos, sino a sostener un entorno que garantice continuidad y confianza en las decisiones de inversión.